El gobierno anuló el decreto que disponía la intervención de Vicentin
El gobierno anuló el decreto que disponía la intervención de Vicentin

Alberto Fernández decidió dar marcha atrás en la idea del rescate de la cerealera. Culpó del fracaso a los directivos y al juez Lorenzini.

El jueves el gobierno de Santa Fe dio por cerrada la negociación con los directivos de Vicentin en su intento de salvar a la empresa a través de un fideicomiso. Con ese antecedente fresco, y en medio de una jornada cargada de contrapuntos judiciales, ayer fue el propio presidente Alberto Fernández el que le puso el broche final al plan de rescate: firmó un decreto en el que oficialmente dio marcha atrás con la intervención y expropiación de la agroexportadora santafesina, con fuertes críticas a la conducción empresarial y al accionar de la Justicia de Reconquista, culpándolo a ambos por el naufragio del salvataje estatal a la compañía. Además, ordenó acciones que permitan "dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado" por los créditos que se le dieron a la firma.

Frente a la novedad, allegados al gobernador Omar Perotti dijeron anoche a LaCapital que la idea de salvataje a la empresa sigue firme y esperan que el juez Fabián Lorenzini se expida sobre el planteo inicial que hizo Inspección General de Personas Jurídicas sobre el pedido de intervención y apartamiento del actual directorio de la firma.

A través de su cuenta de Twitter, Fernández anunció que dejaba sin efecto el DNU 522/2020, firmado en el mes de junio, ante las imposibilidades de que el Estado pudiera "conocer cuál es el pasivo real de la compañía" por las resoluciones del juez que interviene en el concurso, Fabián Lorenzini, quien había decidido mantener a los antiguos directores de la compañía.

El juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía. Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019", argumentó el presidente, al realizar el anuncio a través de su cuenta oficial de Twitter.

Además, anunció que había dado "instrucciones" a los organismos públicos involucrados en el tema para que "realicen las acciones civiles, comerciales y penales" que "permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo" y otorgados durante el gobierno anterior y "dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado".

Al argumentar la derogación, Fernández señaló que el Estado nacional "no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo".

En ese sentido, Fernández sostuvo que su "intención" fue "siempre rescatar a la empresa, preservar los activos y mantener las fuentes de trabajo" y que la "obligación" del Estado es que se "investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído".

"La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin Saic como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial", sostuvo el mandatario, al referirse al decreto que firmó el mes pasado, cuando nombró a Gabriel Delgado como interventor por un plazo de 60 días, hasta que luego el juez diera lugar al reclamo de sus dueños y restituyera a a su directorio.

En esa resolución, el juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista aceptaba restituir la administración de la empresa Vicentin Saic a sus directivos, por un plazo de 60 días, y otorgaba el rol de veedores a los interventores designados por el Poder Ejecutivo.

"En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores", concluyó el presidente.


La decisión del presidente se produjo luego de un par de novedades judiciales en la jornada. Por la mañana, se llevó a cabo un allanamiento a la sede central de la empresa, en la ciudad de Avellaneda. La medida fue ordenada por el juez Julián Ercolini, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de la causa que iniciaron los actuales directivos del Banco Nación para determinar la legalidad de los préstamos a la empresa por parte de la gestión anterior de la entidad, durante el gobierno de Mauricio Macri.

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Por la tarde, el juez federal de Reconquista Aldo Alurralde se había declarado competente para tratar la constitucionalidad del DNU de la intervención a Vicentin y le pidió al juez Lorenzini que se abstenga de seguir interviniendo en esa causa. A las pocas horas, todo devino en abstracto por efecto del decreto presidencial.

El 8 de junio, el presidente anunció la intervención de Vicentin y el envío de un proyecto de ley al Congreso para la declaración de la utilidad pública y la expropiación de la cerealera, que en diciembre de 2019 había entrado en cesación de pagos por una cifra cercana a los 100 mil millones de pesos.

Luego, Fernández recibió a los directivos de la empresa Vicentin y aceptó "una propuesta superadora" para el rescate de la empresa que fue aportado por el gobernador santafesino Omar Perotti.

Se trataba de un proyecto mediante el cual la provincia, a través de la Inspección de Personas Jurídicas, le solicitó a la Justicia que interviene en el concurso de acreedores, la "conformación de un Organo de Intervención" durante todo el plazo que se extienda el proceso judicial y que no contempla una instancia de expropiación. Esa idea aún sigue firme y a la espera de una resolución judicial.


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